El búnker de Europa va tomando cuerpo, escribe A. Missé ante la presidencia de la Unión Europea que comenzó el día 1.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, sigue adelante con su plan de cerrar las puertas a nuevos inmigrantes no seleccionados previamente. Su Pacto por la Inmigración y el Asilo pretende introducir la identificación biométrica en los visados y los vuelos colectivos para expulsar a los que no tengan todos los papeles en regla y garantizado un puesto de trabajo. Todo lo contrario de lo que muchos países de América, de África y de Asia hicieron durante siglos con los millones de emigrantes europeos que acogieron y contribuyeron al desarrollo y a aliviar las necesidades de los países europeos. De los ocho millones de sin papeles que hay en la UE sólo serán regularizados algunos ‘con carácter excepcional’ por motivos humanitarios y económicos.
El presidente de la Liga de los Derechos del Hombre considera que estas ideas del pacto tratan a los inmigrantes como mercancías y favorece a los países ricos a costa de los pobres, es decir, todo lo contrario al desarrollo. La última redacción del documento del pacto, cuyo texto debería aprobarse en octubre por los líderes europeos, recuerda que corresponde a cada Estado miembro decidir sobre las condiciones de admisión de los inmigrantes legales y fijar si es posible con la colaboración con los países de origen, su número”. Y pide a los Estados miembros que pongan en práctica una política de inmigración escogida, especialmente en lo que concierne a las necesidades del mercado de trabajo, y teniendo en cuenta del impacto que puede tener sobre los otros Estados miembros. Dirigentes de organizaciones de la sociedad civil denuncian que este enfoque de la inmigración está más basado en motivos ideológicos que en la realidad porque anteponer la emigración económica a la reagrupación familiar es condenar a los inmigrantes a vivir separados de sus familias.
La Unión Europea se debate en una profunda contradicción ante la inmigración. Por una parte, la Comisión Europea publica estudios que señalan la urgente necesidad de extranjeros para compensar el imparable envejecimiento de la población. Por otra, están los discursos de los presidentes de Francia y de Italia que se sirven de las diferencias culturales para promover actitudes xenófobas y confundir a la opinión pública en momentos de crisis económica.
La Comisión acaba de aprobar en junio un documento con un enfoque más realista y justo de la inmigración: “En el contexto de una Europa que envejece, la contribución potencial de la inmigración a la eficacia económica de la UE es importante”. La realidad es que los europeos viven cada vez más años y es difícil garantizar sus pensiones y asumir sus gastos en sanidad y residencias de acogida.
Según solventes estudios de la Comisión, Europa precisa entre 50 millones y 110 millones de inmigrantes hasta 2060. Precisa A. Missé: “La población de la UE en edad de trabajar habrá descendido en 50 millones de personas, incluso si se mantiene un nivel de inmigración neta similar a los niveles históricos, y descenderá en 110 millones si no se mantiene esa inmigración neta. Para la Comisión, esta evolución exigiría un mayor gasto público”.
Las llegadas de inmigrantes a la Unión Europea, desde 2002, se acercan a dos millones de personas por año. El impacto positivo de la inmigración ha sido analizado por los ministros de Finanzas y está fuera de toda duda su aportación en el crecimiento de una población en continuo descenso. El éxito económico de España, Reino Unido e Irlanda de los últimos años es inexplicable sin la inmigración. En España, más de la mitad del crecimiento en 2007 fue debido a los inmigrantes. En Reino Unido, más de un millón de polacos, checos y de otros países del Este cubrieron el déficit de mano de obra. Lo que es preciso desarrollar son proyectos de cooperación con los países de origen y facilitar su inserción en el mercado laboral mediante la necesaria formación para los puestos que han de ocupar. Esto, después de revisar la cuestión fundamental de este proceso: la Unión Europea necesita materias primas para mantener su nivel de desarrollo y de calidad de vida que proceden en un setenta por ciento de esos países de origen de los inmigrantes. Que de una vez se revisen precios, transportes y condiciones laborales de los ciudadanos de esos países en la elaboración y comercio de esas vitales materias primas. Ese es el talón de Aquiles del injusto planteamiento del problema por los gobernantes de esa Europa de los mercaderes que colonizó y explotó las riquezas materiales y humanas de esos países que hoy se ven forzados a devolvernos las visitas que les hicimos durante siglos los emigrantes europeos.
(José Carlos García Fajardo es Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Director del CCS.)
El presidente de la Liga de los Derechos del Hombre considera que estas ideas del pacto tratan a los inmigrantes como mercancías y favorece a los países ricos a costa de los pobres, es decir, todo lo contrario al desarrollo. La última redacción del documento del pacto, cuyo texto debería aprobarse en octubre por los líderes europeos, recuerda que corresponde a cada Estado miembro decidir sobre las condiciones de admisión de los inmigrantes legales y fijar si es posible con la colaboración con los países de origen, su número”. Y pide a los Estados miembros que pongan en práctica una política de inmigración escogida, especialmente en lo que concierne a las necesidades del mercado de trabajo, y teniendo en cuenta del impacto que puede tener sobre los otros Estados miembros. Dirigentes de organizaciones de la sociedad civil denuncian que este enfoque de la inmigración está más basado en motivos ideológicos que en la realidad porque anteponer la emigración económica a la reagrupación familiar es condenar a los inmigrantes a vivir separados de sus familias.
La Unión Europea se debate en una profunda contradicción ante la inmigración. Por una parte, la Comisión Europea publica estudios que señalan la urgente necesidad de extranjeros para compensar el imparable envejecimiento de la población. Por otra, están los discursos de los presidentes de Francia y de Italia que se sirven de las diferencias culturales para promover actitudes xenófobas y confundir a la opinión pública en momentos de crisis económica.
La Comisión acaba de aprobar en junio un documento con un enfoque más realista y justo de la inmigración: “En el contexto de una Europa que envejece, la contribución potencial de la inmigración a la eficacia económica de la UE es importante”. La realidad es que los europeos viven cada vez más años y es difícil garantizar sus pensiones y asumir sus gastos en sanidad y residencias de acogida.
Según solventes estudios de la Comisión, Europa precisa entre 50 millones y 110 millones de inmigrantes hasta 2060. Precisa A. Missé: “La población de la UE en edad de trabajar habrá descendido en 50 millones de personas, incluso si se mantiene un nivel de inmigración neta similar a los niveles históricos, y descenderá en 110 millones si no se mantiene esa inmigración neta. Para la Comisión, esta evolución exigiría un mayor gasto público”.
Las llegadas de inmigrantes a la Unión Europea, desde 2002, se acercan a dos millones de personas por año. El impacto positivo de la inmigración ha sido analizado por los ministros de Finanzas y está fuera de toda duda su aportación en el crecimiento de una población en continuo descenso. El éxito económico de España, Reino Unido e Irlanda de los últimos años es inexplicable sin la inmigración. En España, más de la mitad del crecimiento en 2007 fue debido a los inmigrantes. En Reino Unido, más de un millón de polacos, checos y de otros países del Este cubrieron el déficit de mano de obra. Lo que es preciso desarrollar son proyectos de cooperación con los países de origen y facilitar su inserción en el mercado laboral mediante la necesaria formación para los puestos que han de ocupar. Esto, después de revisar la cuestión fundamental de este proceso: la Unión Europea necesita materias primas para mantener su nivel de desarrollo y de calidad de vida que proceden en un setenta por ciento de esos países de origen de los inmigrantes. Que de una vez se revisen precios, transportes y condiciones laborales de los ciudadanos de esos países en la elaboración y comercio de esas vitales materias primas. Ese es el talón de Aquiles del injusto planteamiento del problema por los gobernantes de esa Europa de los mercaderes que colonizó y explotó las riquezas materiales y humanas de esos países que hoy se ven forzados a devolvernos las visitas que les hicimos durante siglos los emigrantes europeos.
(José Carlos García Fajardo es Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Director del CCS.)
